La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR), por medio de Auto AI-013 del 19 de febrero de 2021, avocó la petición de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB), encaminada a la protección de los cementerios ubicados en los municipios de Villavicencio y San José del Guaviare. Esta solicitud llevó a la SAR a decretar medidas cautelares sobre los dos cementerios municipales en San José del Guaviare, a través del Auto SAR-AI-039 del 29 de julio de 2021.

El primero es el cementerio Antiguo San José, ya clausurado. La decisión se tomó después de identificar la falta de cerramiento, el tránsito de personas y animales, así como la incertidumbre sobre el traslado efectivo de al menos 83 cuerpos no identificados que se podrían encontrar en el lugar.

El segundo, es el cementerio municipal. Allí, la JEP identificó riesgos en torno a la posible inundación por su cercanía al río Guaviare, uno de los ríos más caudalosos del país, así como una posible conflagración por su ubicación cercana a una planta de abastecimiento de combustibles. Además, por la movilidad de cuerpos que han sido llevados, retirados y sobre los cuales la Fiscalía no había informado en su momento.

El 29 de julio del 2021, por medio del Auto SAR AI-039-2021, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad resolvió ordenar a la Alcaldía de San José del Guaviare:

• Realizar el cerramiento del cementerio San José.
• Garantizar la conservación de los cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR), que aún se encuentren en el lugar durante el tiempo de duración de esta medida cautelar.
• Se prohibió realizar exhumaciones de los CNI y CINR e impedir inhumaciones en los lugares donde se presuma su existencia en los cementerios San José y cementerio municipal de San José del Guaviare.
• Realizar inventario de los CNI y CINR que se encuentren en el cementerio municipal de San José del Guaviare.
• Rendir informes mensuales de las medidas que implemente para dar cumplimiento a lo ordenado.

Para estas medidas cautelares la JEP convoca a otras instituciones del Estado a fin de que apoyen el correcto desarrollo y aplicación de las medidas. Entre estas se encuentran: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación; la Alcaldía de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Esta medida ha demostrado otra de las realidades que se dan en el marco de la desaparición forzada: los cuerpos identificados que nunca fueron reclamados. Aunque por años la búsqueda se ha centrado en hallar los cuerpos de personas desaparecidas, el proceso no se limita a ello.

La organización peticionaria, el Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, consolidó desde su experiencia la metodología de búsqueda inversa, puesto que, en muchos casos, una vez las autoridades contaban con la identidad plena de la persona, no se realizaban las gestiones para la entrega efectiva de los cuerpos. Por ello, la búsqueda también se debe orientar a encontrar a los familiares de las personas identificadas plenamente, dentro de las cuales se encuentran víctimas desaparecidas forzadamente porque, aunque se encuentran sus cuerpos, el lugar donde muchos están siendo exhumados no coincide con la zona donde la víctima fue desaparecida.

Es por esta razón que en el proceso de búsqueda en los cementerios de San José del Guaviare se ha implementado la metodología de búsqueda inversa, la cual implica rastrear y ponerse en contacto con las familias buscadoras.

Luego de diversas gestiones de la Policía Judicial y labores forenses, esta metodología permitió llevar a cabo el 10 de diciembre de 2023 una diligencia de entrega digna múltiple de 18 cuerpos identificados en Guaviare. En total, 22 cuerpos fueron plenamente identificados y se ubicaron 18 familias.

Las medidas cautelares de estos cementerios continúan vigentes, dado a que fueron prorrogadas a través del Auto SAR-AI-056-2024, por el término de un año, tras verificar que a pesar de acciones como el cerramiento precario del cementerio San José, no se ha avanzado en concretar el universo de víctimas inhumadas allí y se han presentado hechos de incendios y profanación de las tumbas.

Actualmente la JEP y la Unidad de Búsqueda avanzan en la intervención conjunta para garantizar la recuperación de hasta el último cuerpo que se pueda presumir que es de una persona dada por desaparecida. En el mismo sentido, se mantiene la medida cautelar sobre el cementerio municipal donde se encuentran los cuerpos de 22 personas, entorno a las cuales se viene adelantando las investigaciones para la orientación de identidad y entrega digna. 

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En respuesta a la petición del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó una medida cautelar en torno al osario del Cementerio de Samaná – Caldas, con el objetivo de proteger y preservar los cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado que se encontraban  allí inhumadas.  

A este proceso se sumaron como peticionarias la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (FUNDECOS); y el Centro de Estudios sobre el conflicto, violencia y convivencia social (CEDAT) de la Universidad de Caldas, quienes están acompañadas técnicamente por el Equipo interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial (EQUITAS). En el mismo trámite han sido vinculados el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y entidades públicas como la Fiscalía General de la Nación; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Gobernación de Caldas, la alcaldía de Samaná y la Parroquia San Agustín de Samaná, Caldas. 

FUNDECOS, el CEDAT y EQUITAS presentaron un informe a la JEP en 2019 en el que registraron y documentaron 187 casos de desaparición forzada en la región del Magdalena Medio Caldense. Con base en esta información, se ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), compilar toda la información disponible en dichos municipios, lo que permitió ubicar lugares de interés forense dada la inhumación irregular de posibles víctimas del conflicto armado en la región. Uno de los lugares de interés forense fue el osario común del cementerio San Agustín, donde se habían dispuesto, en contra de lo establecido por la normatividad, cuerpos de personas no identificadas dadas por desaparecidas y víctimas de desaparición forzada. Posteriormente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó medidas cautelares mediante el Auto 020 del 18 de septiembre de 2020. 

Algunas de las órdenes de esta medida fueron direccionadas a los administradores del cementerio, la alcaldía local y la parroquia, para prohibir la exhumación e inhumación de cuerpos en los lugares de interés forense y también para que no se realizaran inhumaciones en los puntos en los que se encontraban cuerpos no identificados (CNI). Por su parte, a la UBPD y a la Alcaldía del municipio se les ordenó construir una base de datos de muestradantes de ADN, y al Instituto Colombiano de Medicina Legal junto con la UBPD tomar las muestras de ADN a las personas identificadas en dicha base de datos. 

Una vez corroborados los puntos de interés forense, se ordenó la recuperación de los cuerpos inhumados individualmente en bóvedas y osarios, para un total de 72 cuerpos recuperados. De igual forma, se identificó que los sepultureros habían trasladado los cuerpos no identificados al osario común del cementerio, transgrediendo a normatividad nacional de cuidado y protección de dichos cuerpos, y generando una mezcla de las posibles víctimas de desaparición forzada con los cuerpos de ciudadanos plenamente identificados.

Por lo anterior, mediante Auto AT 129 de julio de 2021 se ordenó un Diálogo con experiencias internacionales para el abordaje de escenarios complejos, buscando identificar si en otros lugares del mundo se habrían intervenido lugares similares al osario de Samaná. Algunas de las entidades que participaron de estos diálogos fueron: el GATEF de la UIA, los programas de Antropología de las facultades de las Universidades Nacional de Colombia sede Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad de Caldas, Universidad del Magdalena, el Equipo interdisciplinario- Equitas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. 

Foto: Intervención osario colectivo, Oriana Giacometto, JEP

Posteriormente, se conformó una mesa técnica a fin de consolidar un instrumento guía para el abordaje de osarios, que contó con la participación de las organizaciones internacionales y las entidades y organizaciones peticionarias. Esta Guía fue aprobada mediante Auto AI 073 de noviembre 2023 y con ella el GATEF y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala; en acompañamiento y articulación con la UBPD, el Grupo Interno de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía y el INMLCF, procedieron a realizar el piloto de implementación en el osario del cementerio San Agustín de Samaná (Caldas) entre el 17 de abril y el 3 de mayo de 2024.  El análisis forense arrojó 171.806 estructuras óseas recuperadas (partes aisladas de cuerpos).

A partir de los hallazgos forenses, el equipo del GATEF identificó 42 estructuras que presentan signos de eventos violentos asociados al conflicto armado, y que fueron remitidas a Medicina Legal para su identificación. Las audiencias públicas realizadas en el marco de esta medida han permitido hacer seguimiento a las órdenes dadas a las entidades públicas del orden nacional y local, para que coordinen acciones concretas que permitan dar respuesta eficaz a las demandas de las víctimas de desaparición forzada. 

Foto: Audiencia de seguimiento a medidas cautelares, Diego Pérez, JEP

Con ello, las medidas cautelares que protegen cementerios han permitido la identificación de cuerpos en condición de no identificados (CNI), que luego se cotejan con las muestras de ADN de familiares de personas dadas por desaparecidas, y en los casos en que se logran coincidencias, se procede a hacer entregas dignas a las familias. 

En este sentido, la medida tomada en Samaná ha sido determinante en la exhumación, identificación y entrega digna a sus familiares, de ocho personas dadas por desaparecidas. Estas entregas representan un paso importante en el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia y han sido posibles gracias al esfuerzo incansable de las familias buscadoras. 

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