Archivos Vivos de la JEP

Según Jon Elster (2006), la Justicia Transicional «se compone de procesos de juicios, purgas y reparaciones» que se despliegan, no como meras persecuciones sino como procedimientos sujetos a ciertos estándares de justicia con grados de autonomía de los poderosos. El autor encuentra los primeros rastros de este tipo de justicia en la Grecia Antigua, en el siglo V Antes de Cristo, cuando la democracia fue restaurada luego de pasar por breves lapsos de regímenes oligárquicos.

«El 24 de junio de 1859, durante la guerra por la unidad italiana, los ejércitos franco-sardos se enfrentan a las tropas austríacas alrededor de la aldea de Solferino en Italia del norte. Ese día, un ciudadano ginebrino, Henry Dunant, trata de reunirse con Napoleón III por cuestiones de orden personal. La tarde de la batalla, Dunant llega a la aldea vecina de Castiglione, en donde se han refugiado más de 9.000 heridos. Día y noche, en la Chiesa Maggiore (Iglesia Mayor) en donde se hacinan unos 5.000 heridos, Dunant y las mujeres del lugar les dan de beber, lavan y vendan sus heridas, les distribuyen tabaco, bebidas aromáticas y frutas» (CICR, 2004).

Dunant, en 1862, publica una obra titulada Recuerdo de Solferino. «En él describe la batalla, luego la situación de los heridos en la Chiesa Maggiore y, posteriormente, concluye su relato con una pregunta: ¿No se podría, durante un período de paz y de tranquilidad, fundar sociedades de socorros cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos, mediante voluntarios dedicados, abnegados y bien calificados para semejante obra?» (CICR, 2004).

El 17 de febrero de 1863, Dunant se reúne con otras personas y propone que los voluntarios que cuidan a los heridos porten un signo distintivo que los proteja durante los combates. Allí se encuentra el germen del Comité Internacional de la Cruz Roja. En 1864, Suiza convoca a una conferencia internacional que sesiona del 8 al 28 de agosto de ese año. El 22, los delegados firman un Convenio para mejorar la suerte de los militares heridos en campaña. Acababa de nacer el Derecho Internacional Humanitario moderno (CICR, 2004).

Con los cañones estadounidenses apuntados hacia los puertos, el general Benjamín Herrera acepta el ofrecimiento de los norteamericanos para que en su buque, el Wisconsin, fondeado en el puerto de Ciudad de Panamá, se reúnan las comisiones de las fuerzas beligerantes para acordar un tratado de paz. El 21 de noviembre de 1902 los conservadores Víctor M. Salazar y Alfredo Vázquez Cobo y los liberales Lucas Caballero y Eusebio Morales firman un acuerdo que, ratificado respectivamente por sus jefes Nicolás Perdomo, ministro de Gobierno, y Benjamín Herrera, director de la guerra en Cauca y Panamá, pone fin a la guerra (Jaramillo, 2017).

La I Conferencia de Paz de La Haya de 1899 se reunió por iniciativa del zar Nicolás II; participaron países de Europa, México y algunos países de Asia. En la Segunda Conferencia de la Paz, celebrada en La Haya el 18 de octubre de 1907, los participantes acordaron el «Convenio relativo a las leyes y usos de la guerra terrestres», que determinó que «los prisioneros de guerra…deben ser tratados con humanidad» y que «los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo»(CICR, 1996).

La I Guerra Mundial, “la más cruenta de la historia hasta ese momento”, dejó más de “10 millones de militares muertos y más de 6 millones de víctimas civiles (sin contar) con un gran número de desaparecidos, mutilados y heridos”. Confrontó a los países de la “Entente” (Francia, Gran Bretaña, Imperio Ruso) y a dos de los aliados de la Triple Alianza (Imperio Alemán y Austria-Hungría). Luego, en un juego de alianzas, otros países entrarían en alguno de los bloques enfrentados (Blakemore, 2019).

En la fotografía se observa un Cementerio de la Primera Guerra Mundial en Lviv (1915),

Al fondo hay un soldado resguardándose de la lluvia, afuera de lo que podría ser la entrada a un banquillo. Los sacos de arena se apilan alrededor de las paredes de la zanja para evitar el colapso. Las palas y otros implementos están esparcidos por el primer plano, y hay un rollo de alambre de púas detrás de los restos quemados y volados de un árbol. La guerra de trincheras fue muy dura.

En la fotografía, un equipo de ametralladoras está parado en una trinchera de primera línea con una pistola Lewis. La pistola Lewis se usó como la principal ametralladora ligera del ejército británico desde 1915. El término despectivo para un alemán, ‘Boche’ o ‘Bosch’, se origina en la jerga francesa ‘alboche’, que eran dos palabras ‘Allemand’ (alemán) y ‘caboche’ (paté, cabeza) juntas.

La I Guerra Mundial concluyó con el Tratado de Versalles que impuso onerosas indemnizaciones a Alemania frente a los países atacados, pero no incorporó una jurisdicción especial para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra. Entre otras cláusulas, “el Tratado quitó a Alemania el 13 % de su territorio y una décima parte de su población…y exigía que Alemania pagara 269.000 millones de marcos de oro, el equivalente a 33.000 millones de euros; supuso una bofetada para Alemania, cuyos residentes consideraron la famosa cláusula de «culpabilidad de la guerra» una humillación.” (Blakemore, 2019).

Una vista del interior del Salón de los Espejos en Versalles, con los jefes de estado sentados y de pie ante una mesa larga. Primera fila: Dr. Johannes Bell (Alemania) firmando con Herr Hermann Muller inclinado sobre él. Fila central (sentados, de izquierda a derecha): General Tasker H Bliss, Col E M House, Sr. Henry White, Sr. Robert Lansing, Presidente Woodrow Wilson (Estados Unidos); M Georges Clemenceau (Francia); Sr. D Lloyd George, Sr. A Bonar Law, Sr. Arthur J Balfour, Viscount Milner, Sr. G N Barnes (Gran Bretaña); El Marqués Saionzi (Japón). Fila de atrás (de izquierda a derecha): M Eleutherios Venizelos (Grecia); Dr. Affonso Costa (Portugal); Lord Riddell (prensa británica); Sir George E Foster (Canadá); M. Nikola Pachitch (Serbia); M Stephen Pichon (Francia); Coronel Sir Maurice Hankey, Sr. Edwin S Montagu (Gran Bretaña); el maharajá de Bikaner (India); Signor Vittorio Emanuele Orlando (Italia); M Paul Hymans (Bélgica); General Louis Botha (Sudáfrica); Sr. WM Hughes (Australia) Nota: Esta descripción se copió textualmente de la exhibición del Museo Imperial de la Guerra, donde algunos nombres difieren de su ortografía oficial (Muller vs Müller, Eleutherios vs Eleftherios, Affonso vs Afonso, Saionzi vs Saionji, Pachitch vs Pašić, Stephen vs Stéphen). Mantenemos el texto original para mayor precisión histórica. (Orpen, 1919)

«Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919 estableció el principio de punibilidad de los crímenes de guerra; impuso a Alemania el deber de entrega a los aliados de los alemanes acusados de crímenes de guerra para su enjuiciamiento por tribunales militares (art. 228) […] También dispuso el procesamiento del Kaiser Guillermo II por un tribunal internacional (art.227). De 896 supuestos criminales de guerra, Alemania juzgó tan solo a 12 ante el Tribunal Supremo del Reich, reunido en Leipzig, resultandos absueltos seis. [En cuanto al juicio al Kaiser], nunca fue juzgado porque se refugió en Holanda, que negó su extradición…» (Bassiouni, 1982)

«El Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 sobre el trato debido a los prisioneros de guerra comprende 97 artículos. En él se plantea el principio general según el cual los cautivos deben ser tratados, en todo tiempo, con humanidad. En particular, deben ser protegidos contra los actos de violencia, los insultos y la curiosidad pública; además, está prohibido ejercer represalias en su contra». (CICR, 1998)

Como consecuencia de la II Guerra Mundial murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Además de la estrategia bélica, el régimen nazi desplegó una política de exterminio sistemático principalmente contra la población judía, conocida con el término de Holocausto que significa «quemarlo todo» o el de Shoah, que en hebreo significa «catástrofe». (Smilde, s.f.). Además de los seis millones de judíos asesinados, los romaníes (gitanos), las personas con discapacidades físicas y mentales, los homosexuales, los testigos de Jehová, los prisioneros de guerra soviéticos y los disidentes políticos, fueron víctimas de la opresión y muerte de la tiranía nazi. (United States Holocaust Memorial Museum, s.f. )

«La justicia transicional puede definirse como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores… La justicia transicional comienza a ser entendida como extraordinaria e internacional en el período de la posguerra después de 1945… los juicios de posguerra penalizaron los crímenes de Estado como parte de un esquema de derechos universales, [hecho que] supera ampliamente la fuerza real de los precedentes históricos y forma la base del derecho moderno de los derechos humanos». Teitel, R.G. (2011).

Por contraste, Uprimny y Saffón (2006) consideran que esa justicia «no requirió ninguna negociación por parte de los actores armados en conflicto sino que fue impuesta por la parte victoriosa de la guerra» y aplicó la tradición punitiva ordinaria.

Imagen de los acusados ​​en el banquillo ​​en el juicio del Tribunal Militar Internacional de criminales de guerra en Núremberg, Baviera, Alemania.

La justicia transicional del período post Segunda Guerra Mundial comenzó por evitar procesamientos a nivel nacional. En cambio, “buscó la responsabilidad criminal del liderazgo del Reich a nivel internacional”. (Teitel, 2011) Es la primera vez en la historia que los vencedores llevan ante tribunales a los perdedores por provocar una guerra devastadora y por los campos de exterminio. Los cargos bajo los que se juzgaron a los máximos responsables son: conspirar contra la paz; planear una guerra de agresión; crímenes contra la humanidad; crímenes de guerra (Teitel, 2011).

Un total de 325 corresponsales de 23 países cubrieron el desarrollo del Tribunal Penal Internacional Militar de Núremberg. «Los juicios se llevaron a cabo simultáneamente en inglés, ruso, alemán y francés» dando origen a la traducción simultánea como la conocemos hoy (BBC News Mundo, 2021). Durante la preparación del juicio, el fiscal Jackson tomó la histórica decisión de utilizar película y fotografía como evidencia para condenar a los nazis. Durante los juicios, se dio primacía a los documentos y a las imágenes. Es de anotar, además que en Núremberg no se investigó a los empresarios, pero en los juicios de las zonas ocupadas sí cuando se les condenó por contribuir a los crímenes cometidos. Desde hace muy poco se viene incorporando el papel de las empresas a la justicia transicional (Núremberg Films, 2020; DW; y USHMM).

Otto Ohlendorf fue llamado a declarar por la fiscalía estadounidense. Ohlendorf usa auriculares y está mirando un organigrama nazi en una pantalla. Fuente: Imagen cortesía de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Harvard, Universidad de Harvard, Cambridge, Mass. Creada: 3 de enero de 1946.

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue el órgano jurisdiccional a cargo de los Juicios o Procesos de Tokio, después de la segunda guerra mundial. Provocó una discusión entre sus jueces sobre los imperios y su derecho a agredir a poblaciones en territorios colonizados, y por los cargos imputados por los vencedores, en especial EEUU, a Japón, por “agresión contra la paz” y por “guerra de agresión”. El juez de la India, país que se independiza de Gran Bretaña en 1947, elaboró un salvamento de voto donde elabora ampliamente al respecto.

Retrospectivamente se considera a la justicia que impartió el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente como la clásica justicia de vencedores.

El Emperador obtuvo inmunidad y no fue procesado en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente al culminar la Segunda Guerra Mundial.

La Violencia (1945-1962) fue un período donde se anudaron distintos procesos violentos. Por un lado, la Violencia fue un período de terror concentrado que truncó procesos de constitución de actores sociales y políticos. A su vez, la Violencia fue, siguiendo a Sánchez (1990), resistencia “más o menos espontánea y a veces más o menos políticamente dirigida de núcleos armados de defensa…[Y por último] detrás del plano impactante del terror y del menos visible de la resistencia, hay un proceso de profundidad que afecta la propiedad, los espacios productivos y las relaciones sociales… desplazamientos de ejes industriales; crecimiento inusitado de algunas ciudades intermedias…; rutinización de irregulares mecanismos de movilidad de la propiedad raíz, por doquier…procesos de diverso orden que afectan la organización interna de las haciendas, las correlaciones de fuerza entre terratenientes-autoridades locales y bandas armadas, cualquiera fuera su denominación» (Sánchez, Gómez 1990).

La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y establece los derechos Humanos fundamentales

El Primer Convenio de Ginebra protege a los soldados que no participan en las hostilidades (fuera de combate). El Segundo Convenio de Ginebra adapta las protecciones del Primer Convenio de Ginebra a situaciones en el mar. El Tercer Convenio de Ginebra contiene normas específicas relacionadas con el trato debido a los prisioneros de guerra. El Cuarto Convenio de Ginebra ofrece las normas a los civiles que se encuentran en zonas de conflicto y territorios ocupados determinando que gozan de la protección conferida por los 159 artículos del cuarto Convenio de Ginebra.

Alberto Lleras Camargo (1906-1990), elegido director del Partido Liberal en marzo de 1956, buscará un acercamiento con Laureano Gómez, jefe conservador derrocado por el general Gustavo Rojas Pinilla. El 14 de julio del mismo año, Lleras Camargo viajó a Benidorm, España, lugar de exilio de Laureano Gómez después del golpe de Estado de Rojas Pinilla y el 24 de julio ambos líderes políticos firmaron un acuerdo de trabajo conjunto para derrocar el régimen militar y conseguir el retorno de la democracia, acuerdo conocido como la Declaración de Benidorm (Museo Nacional de Colombia, 2017).

Lleras Camargo viajó nuevamente a España y se reunió con Laureano Gómez en la ciudad de Sitges, donde firmaron el 20 de julio de 1957 el denominado Pacto de Sitges. Este organizaría una agenda para dar legalidad constitucional a lo acordado entre los dos partidos políticos. Posteriormente, se convocó a un plebiscito el 1° de diciembre de 1957, en el que el pueblo colombiano decidiría si avalaba lo que desde entonces comenzó a denominarse el Frente Nacional (Dávila, 2002).

Es el primer juicio que se desarrolla en el Estado de Israel contra un oficial nazi. Ben-Gurión, primer ministro, quiso que tuviera un componente pedagógico y comunicativo muy alto: quería que las nuevas generaciones supieran, a través de los testimonios de los sobrevivientes judíos residentes de Israel y de otros países. Para tal fin, se acondicionó un teatro para más de setecientas personas. Fue el primer juicio en ser transmitido en vivo y en directo por la televisión pública de un país. Con el fin de evitar errores de traducción, los magistrados hablaron en alemán. En el juicio a Eichmann, la palabra de los testigos ocupó un lugar central (USHMM, s.f.).

Eichmann en el podio de los acusados dentro de una cabina de cristal durante el juicio en Jerusalén.

https://youtu.be/7Hwb4GGmJxA?feature=shared

A diferencia de la Violencia que confrontaría a liberales y conservadores, el conflicto armado contemporáneo se desencadena en un mundo marcado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y otros países comunistas. En este marco belicoso, en América Latina, luego del triunfo de las Revoluciones China (1949) y Cubana (1959), surgieron corrientes que leían la realidad del continente como propicia a las luchas armadas revolucionarias. Colombia no fue la excepción. En 1962, luego de un viaje a Cuba, un grupo de jóvenes conformaría la Brigada pro-liberación José Antonio Galán, semilla de lo que posteriormente se autodenominaría el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que nació el 4 de julio de 1964; y en febrero de 1967, con la ruptura chino-soviética, se fundó el Ejército Popular de Liberación (EPL) de inspiración Marxista-Leninista-Maoista. Por contraste, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aludirían a la operación Marquetalia desplegada por el Ejército colombiano como su hito fundacional (Wills, 2015).

Los juicios de Fráncfort del Meno marcan un hito en Alemania. Vienen precedidos de la impunidad en los años cincuenta en ese país y es precisamente el juicio de Eichmann en Jerusalén el que motiva la persecución penal. El fiscal Fritz Bauer juega un papel central. Son los primeros juicios que se llevan a cabo en Alemania, conducidos por alemanes contra alemanes nazis.

En 1977, una conferencia diplomática internacional adoptó dos protocolos complementarios a los Convenios de Ginebra para brindar mayor protección a las víctimas de conflictos armados internos e internacionales. El Protocolo I extiende la protección a la población civil así como al personal médico militar y civil en los conflictos armados internacionales. Entre otras disposiciones, está la prohibición de los ataques indiscriminados contra la población civil y la destrucción de alimentos, agua y otros elementos necesarios para la supervivencia; los protocolos contemplan protecciones especiales para las mujeres, los niños y el personal médico civil, y se establecen medidas de protección para los periodistas. Se prohíbe el reclutamiento de niños menores de 15 años de edad para las fuerzas armadas. El Protocolo II amplía las protecciones otorgadas a las víctimas atrapadas en conflictos internos de alta intensidad, como guerras civiles (Cruz Roja Americana, 2006).

Luego del juicio a las Juntas militares de 1985 en el que varios altos oficiales fueron condenados, «el 24 de diciembre de 1986 se dictó la Ley de Punto Final (23.492) y luego el 4 de junio de 1987 la Ley de Obediencia Debida (23.521) ambas bajo el gobierno de Alfonsín. Ambas paralizaron todos los procesos contra los imputados…» Un tiempo después, «el expresidente Menem indultó en su gobierno a excomandantes de la última dictadura cívico-militar … con el alegado propósito de alcanzar la «pacificación y la reconciliación nacional«… [Luego], el 2 de septiembre de 2003 el presidente Kirchner promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de estas leyes…Y el 14 de junio 2005, la Corte Suprema declaró, en la causa “Simón”, que ambas, la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final, eran inconstitucionales lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se habían interrumpido, fuesen juzgados. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Telam (2021)

Sobreviviente, abanderado del oficio de dar testimonio en todo momento, luchador entusiasta e incansable, tus compañeras y compañeros de la Comisión Directiva y equipo de trabajo de Memoria Abierta, y de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac) te despedimos con inmenso cariño y orgullo. Hasta siempre, querido Jorge (Memoria Abierta).

Reclamo de «Castigo a los culpables», durante el acto del día de la independencia.

Fotografía de Juicio a las Juntas militares

En estos alegatos se ve claramente como entra el contexto histórico como marco para argumentar la responsabilidad de las Juntas en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Argentina durante la dictadura.

Luego de ser víctima de un atentado, «el 26 de abril de 1990 falleció Carlos Pizarro Leongómez, en ese momento candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, movimiento político que nació de la desmovilización del grupo guerrillero M-19. A 32 años de su muerte, vale la pena preguntar: ¿quién era Carlos Pizarro?» (Señal Memoria, RTVC, 2022).

Cesar Gaviria (electo presidente de 1990 a 1994) planteaba que la política de extradición debía combinarse con la aplicación de acciones alternativas de negociación con los extraditables y de fortalecimiento de la justicia para desactivar una guerra que progresivamente se había ido degradando y en la que los narcotraficantes habían ido incrementando su capacidad destructiva. La política consistía en rebajar hasta la mitad de la pena y garantizar la no extradición (además de reconocerles beneficios adicionales por la entrega de bienes y la delación de sus colaboradores) a narcotraficantes y paramilitares que se entregaran y confesaran sus delitos. No se trataba de una política de amnistías como las que se habían utilizado previamente con las guerrillas, sino de una estrategia de sometimiento a la justicia bajo estándares laxos de aplicación de la ley penal, pues lo que estaba en juego aquí no era una negociación política, sino el desmantelamiento de la facción más organizada del crimen de la historia colombiana GMH (2013).

Estas imágenes corresponden a la ceremonia de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército Popular de Liberación, EPL, la cual tuvo lugar el 15 de febrero del año 1991, bajo el mandato presidencial de César Gaviria Trujillo, y desde el despacho del Ministro de Gobierno, en ese entonces Humberto de la Calle. Señal Memoria, RTVC, Código de catálogo: UMT-208616, www.senalmemoria.co/

Tribunal encargado del juzgamiento de crímenes de guerra cometidos durante los conflictos en los Balcanes en la década de 1990. 

Conoce más en el siguiente enlace:

https://www.icty.org

A comienzos de los noventa se inicia el debate al interior de las guerrillas sobre el agotamiento de la vía armada para transformar la sociedad. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue uno de los grupos que enfrentó esa discusión en sus filas que culminó en el desprendimiento de una fracción, la Corriente de Renovación Socialista (CRS). La CRS ya independizada se sumó al ciclo de negociaciones políticas y el 9 de abril de 1994, “865 hombres que [la] integraban, abandonaron las armas en Flor del Monte en Sucre» (Redacción Pares, 2016).

Ver https://www.pares.com.co/post/se-divide-el-eln-y-surge-la-corriente-de-renovaci%C3%B3n-socialista

Se calcula que en Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en aproximadamente 100 días, fueron asesinadas entre 800 mil y 1 millón de personas Tutsis o Hutus moderados. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional de Ruanda el 8 de noviembre de 1994. El 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda emitió la primera condena mundial por el crimen definido como genocidio después de un juicio ante un tribunal internacional. Jean-Paul Akayesu fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad por participar y supervisar determinados actos mientras se desempeñaba como alcalde de la ciudad ruandesa de Taba. (USHMM, sf). El genocidio de Ruanda dio lugar al surgimiento de la doctrina de la responsabilidad de proteger de la ONU.

El fracaso inicial de los juicios en Argentina y Chile llevó a los procesamientos en Europa, en particular España, por la vía de la reactivación del principio de jurisdicción universal. «El 16 de octubre de 1998, estando de viaje en Londres, Augusto Pinochet fue detenido en virtud de una orden de captura emanada por el juez español Baltasar Garzón, quien buscaba someterlo a juicio por los asesinatos de varios ciudadanos españoles ocurridos durante la dictadura. Las apelaciones presentadas por la defensa de Pinochet corrieron diversa suerte, hasta que el 2 de marzo de 2000, el Ministro del Interior británico resolvió liberarlo por razones humanitarias debido a su estado de salud. Ese mismo año, ya de regreso en Chile, el senador debió enfrentar un proceso de desafuero por el caso Caravana de la Muerte que llevaba el juez Juan Guzmán. Aunque finalmente fue desaforado, el proceso fue sobreseído por razones de demencia senil en 2002. Revocado el sobreseimiento en 2004, el procesamiento fue dejado sin efecto en 2005. Ese mismo año, fue nuevamente procesado, esta vez por el caso Operación Colombo (Memoria chilena, Biblioteca Nacional de Chile, s.f.).

En 1997 «Louis Joinet, Relator Especial sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos) presentó los principios a la entonces denominada Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que a su vez los transmitió a la Comisión mediante la decisión 1997/28. De conformidad con la resolución 2004/72, los principios han sido actualizados a la luz de la evolución reciente del derecho y la práctica internacionales» (ONU, 2005, p.4).

El Estatuto de Roma fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática celebrada en Roma; dispuso la creación de una Corte Penal Internacional permanente con competencia sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte entró en vigor el 11 de abril de 2002 en una ceremonia especial en la sede de las Naciones Unidas. Es preciso aclarar que la Corte no es un órgano de las Naciones Unidas. Es una institución permanente e independiente, creada por un tratado internacional. Su mandato consiste en investigar y procesar crímenes específicos tipificados en el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, s.f. y Amnistía Internacional, 2002).

«Los tribunales gacaca fueron establecidos en 2001 para afrontar la sobrecarga de casos en el sistema de justicia convencional y a la crisis carcelaria. Para 1998, había 130,000 sospechosos de genocidio hacinados en una prisión diseñada para albergar a 12,000 personas, lo que se tradujo en condiciones inhumanas y miles de muertes. Entre diciembre de 1996 y principios de 1998, los tribunales convencionales sólo habían procesado a 1,292 sospechosos de genocidio. La ley gacaca de 2001 en Ruanda trató de resolver el cuello de botella. Los nuevos tribunales gacaca, supervisados por el Gobierno pero con limitadas garantías procesales, combinaban el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios más informales y tradicionales» (Human Rights Watch, 2011).

Entre las conclusiones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú se destacan:

«La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana».

«La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias».

«La CVR ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno».

Puede consultar las conclusiones completas en: Conclusiones del Informe Final, Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú.

Vea el video de la Ceremonia de entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, Palacio de gobierno, Lima, 28 de agosto de 2003.

El paradigma de la Justicia Transicional hace su entrada definitiva y explícita en Colombia cuando el gobierno Uribe presentó al Congreso en agosto de 2003 un proyecto de ley llamado de “alternatividad penal”. Dadas las resistencias que este proyecto desató, en enero del 2004, la Comisión de Paz del Senado de la República y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz convocaron unas audiencias públicas a las que concurrieron expertos y organizaciones de defensa de víctimas y de derechos humanos nacionales e internacionales. Estas voces, en conjunto, incidieron para que hubiera un cambio de enfoque y se ensancharan los marcos de la discusión, introduciendo como referentes básicos e ineludibles los estándares de la justicia transicional: las víctimas debían estar en el centro de los esfuerzos en este proceso y Colombia estaba obligada a respetar los pilares de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que, por la suscripción de tratados internacionales, hacían parte de su bloque de constitucionalidad (Wills, 2022).

«En 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley 975 de Justicia y Paz, la cual tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, en este caso, los grupos de autodefensa. El componente más novedoso de esta ley es la búsqueda de la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos.

Adicionalmente, la Corte Constitucional dispuso que quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley, entre otras. Para garantizar los derechos de las víctimas, los Tribunales deben ordenar medidas de reparación, incluso en los casos en que no se ha individualizado al victimario. Con el ánimo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, la ley creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Fondo para la Reparación de Víctimas y las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes» (Indepaz, 2013).

Con enorme sigilo y sin filtraciones a la prensa que echaran al traste el esfuerzo, un equipo nombrado por el recién electo Presidente Santos se reunió con delegados de las FARC-EP para acordar una agenda de negociación. Este acercamiento implicaba reconocer en esta guerrilla a un actor con una agenda política alrededor de la cual se podía entablar un proceso de transacciones y negociaciones. El 15 de octubre de 2012 por fin se dio a conocer públicamente el primer comunicado conjunto de ambas delegaciones. Con esta señal, se inició una desgastante y compleja ruta que culminaría en junio 23 de 2016 con la firma de un Acuerdo Final que tendría que ser renegociado frente a una oposición liderada por el expresidente Uribe que había logrado, por un margen estrecho, el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, (FARC-EP) suscriben el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera

A partir del Acuerdo de Paz y lo establecido en el punto 5 sobre las Víctimas del Conflicto, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conformado por cinco mecanismos y medidas: 1) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 2) la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas; 3) la Jurisdicción Especial para la Paz; 4) las medidas de reparación integral para la construcción de paz y 5) las garantías de no repetición.

Conoce más sobre el Sistema en el siguiente enlace:

https://formacionsip.org/

Inicio de labores de la Jurisdicción Especial para la Paz, entidad encargada de «administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género» (JEP, 2024).

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