Medida Cautelar

En respuesta a la petición del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó una medida cautelar en torno al osario del Cementerio de Samaná – Caldas, con el objetivo de proteger y preservar los cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado que se encontraban  allí inhumadas.  

A este proceso se sumaron como peticionarias la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (FUNDECOS); y el Centro de Estudios sobre el conflicto, violencia y convivencia social (CEDAT) de la Universidad de Caldas, quienes están acompañadas técnicamente por el Equipo interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial (EQUITAS). En el mismo trámite han sido vinculados el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y entidades públicas como la Fiscalía General de la Nación; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Gobernación de Caldas, la alcaldía de Samaná y la Parroquia San Agustín de Samaná, Caldas. 

FUNDECOS, el CEDAT y EQUITAS presentaron un informe a la JEP en 2019 en el que registraron y documentaron 187 casos de desaparición forzada en la región del Magdalena Medio Caldense. Con base en esta información, se ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), compilar toda la información disponible en dichos municipios, lo que permitió ubicar lugares de interés forense dada la inhumación irregular de posibles víctimas del conflicto armado en la región. Uno de los lugares de interés forense fue el osario común del cementerio San Agustín, donde se habían dispuesto, en contra de lo establecido por la normatividad, cuerpos de personas no identificadas dadas por desaparecidas y víctimas de desaparición forzada. Posteriormente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó medidas cautelares mediante el Auto 020 del 18 de septiembre de 2020. 

Algunas de las órdenes de esta medida fueron direccionadas a los administradores del cementerio, la alcaldía local y la parroquia, para prohibir la exhumación e inhumación de cuerpos en los lugares de interés forense y también para que no se realizaran inhumaciones en los puntos en los que se encontraban cuerpos no identificados (CNI). Por su parte, a la UBPD y a la Alcaldía del municipio se les ordenó construir una base de datos de muestradantes de ADN, y al Instituto Colombiano de Medicina Legal junto con la UBPD tomar las muestras de ADN a las personas identificadas en dicha base de datos. 

Una vez corroborados los puntos de interés forense, se ordenó la recuperación de los cuerpos inhumados individualmente en bóvedas y osarios, para un total de 72 cuerpos recuperados. De igual forma, se identificó que los sepultureros habían trasladado los cuerpos no identificados al osario común del cementerio, transgrediendo a normatividad nacional de cuidado y protección de dichos cuerpos, y generando una mezcla de las posibles víctimas de desaparición forzada con los cuerpos de ciudadanos plenamente identificados.

Por lo anterior, mediante Auto AT 129 de julio de 2021 se ordenó un Diálogo con experiencias internacionales para el abordaje de escenarios complejos, buscando identificar si en otros lugares del mundo se habrían intervenido lugares similares al osario de Samaná. Algunas de las entidades que participaron de estos diálogos fueron: el GATEF de la UIA, los programas de Antropología de las facultades de las Universidades Nacional de Colombia sede Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad de Caldas, Universidad del Magdalena, el Equipo interdisciplinario- Equitas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. 

Foto: Intervención osario colectivo, Oriana Giacometto, JEP

Posteriormente, se conformó una mesa técnica a fin de consolidar un instrumento guía para el abordaje de osarios, que contó con la participación de las organizaciones internacionales y las entidades y organizaciones peticionarias. Esta Guía fue aprobada mediante Auto AI 073 de noviembre 2023 y con ella el GATEF y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala; en acompañamiento y articulación con la UBPD, el Grupo Interno de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía y el INMLCF, procedieron a realizar el piloto de implementación en el osario del cementerio San Agustín de Samaná (Caldas) entre el 17 de abril y el 3 de mayo de 2024.  El análisis forense arrojó 171.806 estructuras óseas recuperadas (partes aisladas de cuerpos).

A partir de los hallazgos forenses, el equipo del GATEF identificó 42 estructuras que presentan signos de eventos violentos asociados al conflicto armado, y que fueron remitidas a Medicina Legal para su identificación. Las audiencias públicas realizadas en el marco de esta medida han permitido hacer seguimiento a las órdenes dadas a las entidades públicas del orden nacional y local, para que coordinen acciones concretas que permitan dar respuesta eficaz a las demandas de las víctimas de desaparición forzada. 

Foto: Audiencia de seguimiento a medidas cautelares, Diego Pérez, JEP

Con ello, las medidas cautelares que protegen cementerios han permitido la identificación de cuerpos en condición de no identificados (CNI), que luego se cotejan con las muestras de ADN de familiares de personas dadas por desaparecidas, y en los casos en que se logran coincidencias, se procede a hacer entregas dignas a las familias. 

En este sentido, la medida tomada en Samaná ha sido determinante en la exhumación, identificación y entrega digna a sus familiares, de ocho personas dadas por desaparecidas. Estas entregas representan un paso importante en el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia y han sido posibles gracias al esfuerzo incansable de las familias buscadoras. 

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